Sin pretender reducir el diagnóstico de los límites del desarrollo en la República Dominicana a dos datos, lo cierto es que con un 64.0 % de la escolaridad hasta el sexto grado que no domine la lectura comprensiva, en donde apenas los estudiantes saben reconocer las palabras, que la muerte prematura, potencialmente evitable, haya crecido en un 2.3 %, siendo hoy de 380 mil por cada 100 mil nacidos y que la mortalidad general también haya aumentado en un 9.1 %, constituyen datos inequívocos del nivel de desafío que tiene el país.
Dentro de un escenario como el descrito, los partidos políticos se encaminan hacia cerrar la etapa de conformar su propuesta de candidatos a distintos cargos electivos y pronto también presentaran sus propuestas de gobierno para el periodo 2024-2028, oportunidad que crea un momento adecuado para promover la discusión acerca de cuál es la postura política de los que pretenden dirigir la administración pública dominicana, a fin de alcanzar un determinado nivel de desarrollo económico.
Afortunadamente, desde que Simon Kuznets enriqueció las cuentas nacionales en las primeras décadas del siglo pasado, al idear la forma de medir el valor monetario de la producción de un país, lo que conocemos como el PIB, la economía fue enriquecida. En contraposición, desafortunadamente, hoy no disponemos de fórmulas para medir la influencia política o el aporte que puede hacer el ejercicio de la política en un gobierno, al crecimiento de la economía en forma responsable, sin deteriorar el medio ambiente y con un carácter inclusivo, en donde la redistribución del ingreso y de la propiedad acompañe al progreso social en el orden de la salud, educación y recreación, nos referimos al desarrollo económico.
A pesar de la limitación, puede resultar que el accionar de los políticos en el manejo de la economía pública se cuantifique, al menos, en condiciones de normalidad, a través de indicadores y datos clave, como el saldo de la deuda, la que elevándose sin el colateral productivo de respaldo para cubrir el servicio de la deuda, resulta pernicioso a las finanzas públicas; preservar la consolidación fiscal para que no genere nuevas deudas; procurar espacio fiscal, de tal manera que el gobierno pueda cumplir con sus responsabilidades funcionales, aportar para no presionar volatilidades en los distintos precios de la economía, como la inflación, la tasa de interés y el tipo de cambio y contribuir al crecimiento económico sostenible con las políticas públicas y el gasto productivo.
La conducta del funcionario público dominicano que ejerce funciones políticas debe siempre procurar respetar el marco legal, que comienza con la Constitución de la República, en al menos los puntos relativos a los artículos del 217 al 219, desarrollo humano, el crecimiento económico, la iniciativa privada, la estabilidad de precios, el principio de subsidiaridad del Estado, por cuenta propia o en asolación con el sector privado.
De la misma manera que el ejercicio de la política en el gobierno puede promover el crecimiento económico sostenible y el progreso social, también puede ser un obstáculo, especialmente para el mediano y largo plazo, debido a la inacción, a decisiones improcedentes o a la posposición de reformas estructurales y, también, a medidas tomadas más enfocada al interés político partidario, que al interés general del país.
En términos instrumentales, dos son las herramientas que el gobierno general utiliza para incidir en la economía en el corto plazo, el primero, el presupuesto anual de ingresos y ley de gasto público y, el segundo, el programa monetario, dentro del marco de la autonomía del Banco Central y coordinación con el ámbito fiscal.
La política fiscal expresada en el presupuesto, su rol se resume en tres funciones interrelacionadas; la asignación de recursos (el gasto funcional y económico), la distribución del ingreso (estructura tributaria y el gasto social geográfico) y la estabilización de la economía (incidiendo en los ciclos económicos y conteniendo la volatilidad de los precios).
La postura fiscal, en particular la del gasto público, puede tener efectos positivos y negativos, conforme al modelo teórico que se asuma, ya sea en la perspectiva keynesiana o neoclásica. Sin embargo, en países con rezagos económicos y sociales importantes, así como la coyuntura, el caso dominicano ha tenido mayores y mejores resultados, adoptando la postura keynesiana. Como ejemplo fueron los casos de los años 2011-2012 y 2020-2021, en los que el gasto público jugó un rol decisivo en mitigar que la caída de la economía no sea mayor y que la recuperación fuera más rápida. La postura fiscal fue armonizada con el ciclo económico, al entenderse que el multiplicador del gasto público en las recesiones juega un papel dinamizador, contrario al de las expansiones.
En cuanto a la postura monetaria, en un sistema de libre flotación o flotación administrada del tipo de cambio y del esquema de meta de inflación, tanto la base monetaria como los agregados monetarios, deben ser manejados para alcanzar y mantener estabilidad de precios y propiciar crecimiento económico estable y sostenido. En tiempos de expansión económica, la tasa de política monetaria debe manejarse de tal forma que evite el sobrecalentamiento de la economía y lo contrario. La conducta monetaria debe alinearse al ciclo económico, basándose en que el multiplicador del dinero tiene un rol clave en la dinamización y en la contracción.
El mejor papel que puede jugar el poder político en lo monetario, es el de no interferir en la conducción de la política monetaria que formula y ejecuta el Banco Central, de tal manera que se procure, alcanzar y mantener la estabilidad de precios, como fundamento para un crecimiento económico sostenible y un entorno social que no se degrade. El punto para lograr la plena autonomía del Banco Central y el objetivo de cumplir con la meta de inflación, radica en la coordinación con la política fiscal, para que esta no interfiera en la primera, salvo en periodos de recesión o calamidad pública.
La postura política debe armonizar las de tipo fiscal y monetaria, de tal manera que se procure un gasto público geográfico que promueva mayor equidad en los sectores marginados, un gasto social que mitigue y ayude a salir de la pobreza, una inversión pública que favorezca la creación de empleo y eleve la capacidad productiva del país. Por el lado de los ingresos, propiciar una carga tributaria progresiva, con el menor gasto tributario posible y el cumplimiento de la ley que ordena el ajuste por inflación y que se adopte y cumpla la regla o responsabilidad fiscal.
A modo de propuesta especifica, promuevo otorgarle un determinado porcentaje de los ingresos corrientes al sector salud, proveniente de una parte del 4.0 % del PIB que se le otorga a educación y que este también, reciba recursos públicos como % de los ingresos corrientes. En la actualidad la referida métrica equivale a un 29.0 % de los ingresos tributarios. La distribución que propongo seria otorgándole un 24.0 % a educación y un 18.0 % a salud, ambos sujetos a una regla que establezca parámetros para gasto corriente y de capital.
También favorecemos un manejo alternativo de la forma del pago del anticipo, mediante la adopción de un producto financiero con el Banco de Reservas, como la línea de crédito, para que las empresas micro, pequeñas y medianas, no tengan que sacrificar liquidez y puedan continuar operando con menos estrés, al tiempo de cumplir con sus obligaciones impositivas, cuando posteriormente, en su cierre contable honren sus compromisos con el referido banco.
Lo dicho puede ser una manera de hacer política y que esta ayude al logro de un nivel de desarrollo económico, considerando las limitaciones y promoviendo un accionar de los políticos acorde con determinados estándares que lo obliguen a una actuación responsable en el ejercicio gubernamental.
