Desde que el Presidente de los Estados Unidos de América (USA), Sr. Donald Trump, opinó en tiempos de campaña acerca de la regulación financiera, las reacciones en el momento se inclinaron a indicar que el propósito era desregular el sistema financiero norteamericano; tiempo después, ahora como Presidente, y al firmar entre el 30 de enero y 3 de febrero de 2017, dos órdenes ejecutivas, relativas al orden legal financiero, la convicción de que se ha iniciado un proceso de desregulación ha tomado aún más fuerza, al punto que se da como cierto, ya no sólo en el propio territorio de ese país; sino en muchas naciones.
La primera orden ejecutiva emitida el 30 de enero de 2017, el Presidente Trump la tituló: Reducción de la regulación y control de los costos reglamentarios, y la segunda orden, lleva por por nombre: Principios Básicos para la regulación del sistema financiero, del 3 de febrero del mismo año.
¿A partir de las dos órdenes ejecutivas viene la discrepancia que envuelve la interrogante, se trata de desregular o adecuar la regulación del sistema financiero de la economía más grande del mundo?
Aunque por lógica cronológica lo correcto sería examinar la orden ejecutiva que aborda el tema de la reducción de la regulación y sus costos, por ser la primera, conviene para fines de una mejor comprensión, ponderar la relativa a los Principios Básicos de la regulación, por sentar esta las bases de lo que posteriormente resulte de la nueva regulación financiera en los Estados Unidos.
Como podrá apreciarse, la orden ejecutiva sobre los Principios Básicos procura la calidad y oportunidad de la información para el ciudadano norteamericano, evitar que eventuales rescates de las entidades financieras recaigan sobre el ciudadano contribuyente, una ponderación más estricta de la posibilidad del riesgo sistémico en el sector financiero y de las fallas del mercado, otorgar más ventajas competitivas a las empresas estadounidenses vs las extranjeras, promover los intereses estadounidenses en la regulación financiera internacional; así como hacer la regulación más eficaz, eficiente y adecuada.
Los Principios Básicos para la regulación financiera, establecen siete literales que tendrán que tomar en consideración en lo adelante el nuevo marco legal financiero estadounidense, a saber:
a) capacitar a los estadounidenses para tomar decisiones financieras independientes y opciones informadas en el mercado, ahorrar para la jubilación, y construir la riqueza individual;
b) evitar los rescates financiados por los contribuyentes;
c) fomentar el crecimiento económico y la dinámica de los mercados financieros a través de un análisis de impacto regulatorio más riguroso que aborde el riesgo sistémico y las fallas del mercado, como el riesgo moral y la asimetría de la información;
d) permitir a las empresas estadounidenses ser competitivas con las empresas extranjeras en los mercados nacionales y extranjeros;
e) promover los intereses estadounidenses en las negociaciones y reuniones sobre regulación financiera internacional;
f) hacer que la reglamentación sea eficiente, eficaz y adecuadamente adaptada; y
g) restablecer la responsabilidad pública dentro de los organismos federales de regulación financiera y racionalizar el marco regulatorio financiero federal.
La orden ejecutiva que establece los Principios Básicos para la regulación financiera le otorga al Secretario de Tesoro 120 días para informarle al Presidente de USA de las medidas en que las leyes, reglamentos, orientación, presentación de informes y mantenimiento de registros y otras políticas gubernamentales promueven los referidos principios y las medidas que se han adoptado y se están tomando para promover y apoyarlos. Los informes deberán identificar las leyes, tratados, reglamentaciones, directrices, informes y requisitos de registro y otras políticas gubernamentales que impiden la regulación federal del sistema financiero de los Estados Unidos de manera coherente con los Principios Básicos.
Como se puede advertir, los siete Principios Básicos no aluden a desmontar en su contenido el papel que se le atribuye a la regulación financiera y a los organismos supervisores, sean estos federales o estatales, más bien se propone adecuarlo a un marco de políticas públicas de la nueva administración gubernamental, la que tiene como objetivo devolverle a los Estados Unidos el posicionamiento que antes tenía respecto a la economía mundial.
En lo relativo a la orden ejecutiva que aborda la reducción de la regulación financiera y sus costos, esta se fundamenta en el principio de política pública estadounidense, en cuanto a que el Poder Ejecutivo es prudente y responsable en el gasto de fondos, originados en fuentes públicas, como privadas; adicionalmente, ahora se le agrega el de los gastos privados asociados al cumplimiento de las regulaciones federales, y procura unificar la regulación financiera.
La orden sobre reducción de la regulación señala que a menos que la ley lo prohíba, siempre que un departamento o agencia ejecutiva proponga públicamente avisar, comentar o promulgar una nueva regulación, tendrá que identificar al menos dos regulaciones existentes para ser derogadas; de ahí parte de la simplificación numérica y administrativa.
De igual forma, la orden señala que el incremento del costo total de las nuevas regulaciones, incluidas las regulaciones derogadas, que se finalicen en 2017, no podrá ser mayor de cero, es decir, que no puede generar más costos que el existente, o que la reducción de los costos asociados a la eliminación de la regulación pueden ser inferior al costo de la regulación sustituta, sujeto a la Ley de Procedimientos Administrativos.
En la misma línea de la primera orden ejecutiva, la segunda, no aspira a desmontar al actual régimen regulatorio; sino que solo procura reducir la cantidad de regulación, adecuarlo, homologarlo, hacerlo más coherente, al tiempo de reducir también sus costos de administración.
Vistas ambas órdenes ejecutivas emanadas de la firma del presidente número 45 de los Estados Unidos, hasta el momento sus dos políticas públicas, interpreto que las mismas no procuran sentar las bases para desregular el sistema financiero de ese país, a no ser que más adelante se emitan otras; sino por el contrario, tienen el fin de adecuar la regulación a unos principios que aspiran ser más eficaz, eficiente, transparente, competitivo y simplificado; para de esa manera ponerla más cerca del empresario, ciudadano y regulador, con un menor costo.
