Dato mata relato, dice la expresión, pero si la narrativa teórica tiene apariencia de verdad, puede que el relato mate al dato por un tiempo; sin embargo, cuando el dato habla por si solo, mata el relato y si es bien expuesto, lo mata dos veces.
El proyecto de ley sobre la reforma fiscal sometida al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo, expone el relato motivacional, en el que, el requerimiento de la reforma obedece a que el gobierno central necesita atender las demandas de la población relacionadas con los servicios básicos, que implica un aumento del gasto público, bajo la condición de que no continúen siendo financiado con endeudamiento, a fin de evitar que la deuda del sector público no financiero siga creciendo.
Conforme a lo expresado por la postura oficial, el aporte que realizaría el gobierno sería: la Ley de responsabilidad fiscal, que le impone un tope al gasto público (tasa de crecimiento del gasto primario no superior a la tasa de inflación más 3 puntos porcentuales), la reforma del Estado (eliminación y fusiones de ministerios e instituciones públicas), implicando un ahorro del gasto público de RD$ 25,000 millones al año y, medidas de contención del gasto público.
El referido proyecto de reforma nació a espalda de la población y esta desde que conoció su contenido regresivo, también le dio la espalda, desaprobándola. La democracia de hoy requiere de ser participativa desde el origen de la formulación de las políticas publicas, eso le da carácter inclusivo y se evitan los reveses reactivos. El dato mató al relato, desde que los ciudadanos se dieron cuentan que con los nuevos impuestos le iban a sacar de sus bolsillos en forma adicional no menos de RD$ 26 mil pesos al año, la reacción no se hizo esperar y no hubo relato que la convenciera, muriendo el relato en su primer intento con el anuncio del retiro de la reforma, por segunda vez, siendo la primera la de finales del 2021.
El objetivo de la reforma era reducir el déficit y el endeudamiento público, al tiempo de elevar el gasto para afrontar los problemas básicos, ¿sería posible lograrlo bajo el escenario de la reforma fiscal?. Para acércanos a la respuesta, pasamos a cuantificar los otros gastos de la reforma -los seis principales conceptos suman RD$ 110,418 millones-, el del programa aliméntate con un 21.0 % de aumento, equivalente a RD$ 6,267 millones, el incremento al salario mínimo público en no menos de RD$ 4,750 millones, para un total de 11,017 millones. Al considerar los RD$ 122,486.6 millones de nuevos ingresos tributarios previstos con la reforma y sumárselo a los ingresos previstos en el presupuesto del 2025, que son de RD$ 1,241,365 millones, el nuevo total de ingresos con reforma fiscal seria de RD$ 1,363,852 millones, restándole el gasto del presupuesto del próximo año e incluirle los gastos de la reforma, el nuevo total de gasto público seria de RD$ 1,605,670, para un balance deficitario de RD$ 241,819. Con este déficit fiscal de 3.2 % del PIB, imposible resulta reducir el desequilibrio de un 3.0 % del contemplando en el presupuesto nacional sin reforma del 2025.
De considerarse los RD$ 25 mil millones de ahorro que las autoridades dicen lograrían con las fusiones/eliminaciones de entidades públicas, el déficit fiscal se situaría en 2.9 % del PIB, evidenciando un efecto neutro de la reforma fiscal sobre el déficit fiscal previsto sin reforma de un 3.0 % del PIB y, por lo tanto, obligando a que el presupuesto nacional continue financiándose con deuda pública.
¿Qué pudo haberle pasado a la economía dominicana, ante el efecto neutro de la reforma fiscal sobre el déficit fiscal y la imposibilidad de reducir el endeudamiento público?, que el crecimiento del PIB se contrajera, siendo este un escenario en el que el cambio de postura fiscal de más impuestos, provoque el riesgo de que la economía interrumpa su crecimiento como el proyectado de un 5.0 % para el 2025. Esta posibilidad pudo producirse a través de varios canales, como el hecho de que RD$ 75,231 millones se pretenden recaudar con el 18.0 % de ITBIS (IVA) a productos y servicios de la canasta básica que hoy están exentos, equivalente a un 61.0 % del total estimado en la recaudación por la reforma fiscal impacte hacia la baja al consumo, uno de los motores del crecimiento económico.
Lo propio también podía acontecer con la disminución del umbral de la exención del IPI de RD$ 9.8 millones a RD$ 5.0 millones, así como el cambio en el tratamiento fiscal que reciben los proyectos inmobiliarios, amparado en la ley 189-11 sobre incentivos para viviendas de bajo costo y de clase media, en la que los proyectos de fideicomisos pasarían a ser personas jurídicas, lo que le eliminaría los incentivos fiscales. Ambas medidas afectarían al sector construcción y a la propia banca -al reducirse el crédito bancario privado/hipotecario-. El sector de la construcción juega un papel clave en la promoción del crecimiento de la economía y del empleo. De igual forma podía pasarle a los sectores textiles, zona franca y, turismo, con la eliminación de los incentivos, restando competitividad y posibilidad de atraer más inversión extranjera.
En adición, elevar el impuesto a los intereses bancarios generados por el ahorro del público de un 10.0 a un 27.0 %, atentaría con una salida de los ahorros del ámbito bancario, tal vez hasta buscando el mundo de las criptomonedas, reduciendo por esa vía las captaciones bancarias, afectando por ese canal a la tasa de interés de los préstamos y por lo tanto elevando los costos financieros de las empresas, lo que se traduce en un golpe a la bancarización y al crecimiento de la economía.
En lo relativo a aumentar el gasto público para atender necesidades la población, la partida del aumento del gasto en salud primaria que presenta la propuesta de reforma fiscal, en términos nominales eleva la atención primaria a la salud en RD$ 10,870 millones; sin embargo, es solo un sofisma, pues no implica un aumento del gasto público en salud. Con la reforma fiscal, el gasto en salud se posiciona en un 9.8 % del gasto total, cuando en varios años previo a la pandemia, la referida métrica llegó a alcanzar hasta un 11.0 % del gasto total, lo que demuestra que no necesariamente con este tipo de reforma fiscal la población recibiría más salud pública.
En la misma línea se encuentra el aumento de la inversión en obras de infraestructura, entre ellas las viales, con un monto de RD$ 32,272 millones, valor que solo posiciona al gasto de capital como en años anteriores recientes, que alcanzaba alrededor de un 14.0 %. Para el caso de la propuesta de reforma fiscal, acontece que como el presupuesto formulado para el 2025 consigna un 12.0 % del gasto público total a gasto de capital -inferior a los años anteriores en al menos un 2.0 puntos porcentuales-, con el monto referido de la reforma, el gasto de capital se colocaba en un 14.0 %, significando esto solo una nivelación a la métrica del 2023 hacia atrás.
Como se puede apreciar, el proyecto de modernización fiscal iba a tener un efecto neutro sobre el balance fiscal, eliminando por esa vía la posibilidad de frenar el endeudamiento público, al tiempo de no elevar el gasto público para atender necesidades, con el agravante de que tenía un peso sobre los sectores de menores ingresos y clase media, quedando revelado que el dato mató al relato de la reforma fiscal.
