Cuando el 15 de diciembre de 2021 se promulgó la Ley No.345-21 de Presupuesto General del Estado para su ejercicio del corriente año, se consignó como partida del gasto público total la suma de RD$ 1,046,280,711,338, ingresos por RD$ 871,485.9 millones y por financiamiento del déficit fiscal RD$ 284,079.4 millones. Los supuestos macroeconómicos básicos considerados para el referido monto pueden resumirse en que las autoridades esperan un desempeño de un 5.5 % del crecimiento del PIB, una tasa de inflación de un 4.0 %, el precio del barril de petróleo en US$ 62.7 y una depreciación monetaria de un 4.5 %.
Los análisis de sensibilidad, incluso como el contenido en el presupuesto vigente, reconoce que los cambios en variables clave de la economía, tales como la inflación, las tasas de interés y de cambio, entre otras, pueden influir en el curso de los ingresos y gastos y viceversa. En particular el movimiento de los precios impacta sobre los ingresos tributarios y el gasto público y al revés, así como, además, la tasa de interés sobre el servicio de la deuda.
Por lo que acontece alrededor del tema inflacionario que padece la economía dominicana y que se sitúa a junio de 2022 en un 9.48 % interanual, la más alta de los últimos 14 años y que sobrepasa la meta en 5.48 puntos porcentuales, muchas han sido las opiniones ofrecidas y otras tantas, acerca de la postura de carácter restrictivo asumida por el Banco Central para gerenciar el incremento de los precios.
En este mismo espacio he abordado el tema de la inflación desde distintos ángulos, para esta ocasión me limitaré en examinar de manera puntual el papel que puede ejercer el gasto público sobre el comportamiento hacia el alza de los precios de la economía nacional en lo que va de 2022.
Conforme a las cuentas nacionales, el producto interno bruto (PIB) dominicano del 2021 se conformó con una participación del consumo privado de un 85.3 % y el público de un 14.7 %, alineado a lo que ha sido su comportamiento histórico. Estos indicadores sirven de supuesto para la postura monetaria al momento de determinar la tasa de referencia del Banco Central; de ahí que, al subir la tasa se espera que influya sobre la dinámica de la demanda privada, que, al ser la principal, termine incidiendo en la demanda agregada y el desempeño de la economía.
Por el momento, el primer resultado que la economía ha presentado a mayo de 2022, muestra que el PIB creció en un 5.6 %, para una nula desviación de lo que ha sido el marco macroeconómico (5.5%) que guía la ejecución presupuestaria, sugiriendo una incidencia neutra de lo que ha sido elevar la tasa de política monetaria de un 3.0 % a un 5.50 % al quinto mes del año en curso e incapaz de frenar la subida de los precios.
A pesar de los resultados adversos en materia de inflación, el gasto público no parece ser atendido con la debida firmeza que las circunstancias reclaman, tal vez, porque los hacedores de políticas públicas, en el componente fiscal, consideran que dada la baja participación relativa del consumo público dentro de la economía nacional, su postura no debe restringirse, al tiempo de que, puede abonar a reducir parcialmente la tasa de crecimiento de la economía, objetivo de valor mediático ante determinados sectores, pero muy probablemente no prioritario frente al desafío de la inflación.
En esa línea se enmarca la fuerte expansión interanual del gasto público total que se ha producido al 15 de julio de 2022, al situarse en un 19.1 %. Si bien resulta que la ejecución presupuestaria del gasto público total se alinea a lo formulado y aprobado, la misma no considera que el supuesto de la inflación era de un 4.0 %, mientras que, la registrada es de un 9.48 %, razón que debe pesar para considerar gerenciar el proceso de incrementos de precios que padece la economía nacional más allá del ámbito monetario, abarcando también al fiscal.
El aumento del gasto público en tiempos de inflación no resulta aconsejable porque contribuye al incremento de la demanda, al déficit y al endeudamiento, males que solo aportan a potenciar más la inflación y a crear mayores distorsiones en la economía y a las expectativas inflacionarias.
La postura del incremento del gasto público en condiciones cambiantes y distintas a la del momento de formular el presupuesto, debe considerar que el déficit fiscal previsto para una meta de inflación definida, ajustarlo hacia la restricción, habida cuenta de que una forma de reducir presión inflacionaria es disminuyendo el déficit presupuestario y, ante un incremento de los ingresos corrientes sobre los 25 mil millones respecto a lo estimado, lo prudencial seria reducir el gasto público para favorecer frenar la inflación.
Puede que se argumente que el gasto público tiene un efecto redistributivo, pero para que eso acontezca, la composición del gasto funcional debe ser distinta y mayor a la registrada hasta la fecha. Concretamente, el gasto social ejecutado al 15 de julio de 2022 es de un 45.8 %, cuando el presupuestado es de un 46.6 % y aun ejecutándose el programado, este no presenta cambios hacia una mayor participación, dado que previo a la pandemia ese tipo de gasto se situó en un 46.5 %.
Un aumento del gasto público ante ingresos corrientes insuficientes implica necesariamente mayor nivel de endeudamiento, el que para 2022 se cuantifica en US$ 4,701 millones para equilibrar el presupuesto y como el comportamiento de ambas variables ha sido hacia el alza, los agentes económicos pueden percibirla como una señal de que para frenar la inflación no solo dependerá de la demanda privada, sino de la pública.
El aumento de la deuda pública del sector centralizado de diciembre de 2021 a junio de 2022 es de US$ 3,160 millones, situándose su stock en US$ 50,383 millones, evidenciando que ha seguido el curso aprobado en el presupuesto vigente; sin embargo, lo propio no puede afirmarse de la ejecución del gasto de capital que registra un 9.6 %, en contraposición al apropiado que es de un 13.5 %, para una desviación de 3.8 puntos porcentuales.
La no ejecución como la prevista del gasto de capital le resta sentido al endeudamiento público, habida cuenta de que ese tipo de erogación es la única que garantiza la sostenibilidad de los pasivos y abona a la estabilidad macroeconómica, al tener vocación de capacidad de pago.
La expansión del gasto público se ha mantenido como si el supuesto de la inflación de un 4.0 % estuviera controlado por las autoridades, lo negativo de esa postura, es que el gobierno central se hace igual de responsable que el ámbito monetario en la generación, propagación y alza de la actual inflación que padecemos los dominicanos.
