La discusión acerca de la pertinencia o no de una reforma constitucional ha sido tan intensa en lo que va de año, que los hacedores de opinión han relegado a un plano imperceptible el tema del pacto fiscal en la economía nacional: Algunos movido por el inmediatismo político, marcado por el interés particular; mientras que otros lo hacen defendiendo la estabilidad constitucional. El debate ha favorecido a que muchos dominicanos conozcan más de la Constitución que de los problemas fiscales que padecemos.
Algunos podrán argumentar que la Carta Magna es esencialmente política, por lo se encuentra por encima de la discusión de aspectos específicos de la economía. Como verdad provisional, la valoración resulta correcta cuando una reforma constitucional responde a una necesidad nacional, promovida por el avance en materia institucional; pero motorizar una reforma solo por eliminar uno, dos o tres de sus artículos, que en nada tienen que ver con situarla al nivel requerido para continuar el desarrollo, es simplemente una osadía de sus promotores.
Si existiera una medición al espacio que se le ha dado al debate en los medios de comunicación sobre el intento de reformar la Constitución, de seguro que en forma inequívoca ocupa el primer lugar. La única ventaja desde la óptica política que tiene lo dicho, es que la reforma fue evitada por la acción política de actores claves, que luego fueron asumidas por toda la sociedad, como reflejo de la ausencia de licencias social y política, requeridas para lograr una legitimización que ampare la justificación de una reforma constitucional.
En contraposición, el tema del pacto o reforma fiscal ha sido relegado, especialmente desde el ámbito oficial, pese a que desde el 2012 las nuevas autoridades de entonces manifestaron la necesidad de hacerla, por lo imperativo y porque es un mandato de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y, aunque transcurrieron los cuatro años del nuevo gobierno 2012-2016; otra vez, la administración del 2016-2020 anunció en junio del 2016 el inicio de la discusión del pacto fiscal.
En palabras de los funcionarios públicos del área económica y comunicacional del 2016, estos manifestaron que el país estaba abocado a la realización del pacto fiscal y que este no se haría basado en subir impuestos, sino que los nuevos ingresos fiscales provendrían de la reducción de la evasión fiscal, de la revisión del gasto tributario, al tiempo de reducir el gasto del gobierno.
La realidad es, que la presión tributaria como porcentaje del PIB del 2019 se proyecta que cierre en un 14.7 %, mientras que la del 2016 registró un 13.0 %; de manera que, al transcurrir tres años, el avance en materia recaudatoria solo ha alcanzado el 1.7 % -asumiendo que la estimación se cumpla-. En la estrategia de desarrollo se contempla que para el 2020 la referida presión sea de un 19.0 %; sin embargo, aún nos encontramos a un 4.3 % para cumplir la meta.
Más recientemente, a finales del 2018, en el momento que se formulaba el presupuesto nacional del 2019, el Ministro de Hacienda manifestó que el pacto fiscal deberá ser una tarea del próximo gobierno del 2020, con lo que descartaba que en el presente año la reforma fiscal fuera objeto de atención por las actuales autoridades públicas.
Mientras el vaivén del pacto fiscal adquiere ribetes olímpicos, por ir de rebote en rebote, el Presidente ha dicho que: “Si nosotros no cortamos ahora, a tiempo, el problema del déficit, yo sé que el próximo gobierno no tendrá nada que hacer en la República Dominicana, porque el nivel de deuda del país es sumamente alto y no tendremos posibilidades de seguir buscando dinero para pagar”.
De manera, que si es el presidente de la nación quien afirma que las autoridades que surjan de las elecciones del 2020 no tendrán los recursos para atender lo que prometen en sus distintos discursos de campaña, resulta poco responsable que parte de la clase política continúe pretendiendo promover una reforma constitucional innecesaria e inoportuna, frente al desafío fiscal que tiene por delante el ámbito fiscal de la economía, el que podría comprometer también el área monetaria en el corto plazo.
Como escribí en el artículo de la semana pasada, el clima de incertidumbre que se creó en ocasión del tema del intento de reforma constitucional fue tan intenso, que impacto sobre la economía, frenándola a un punto que hizo desacelerar el ritmo de crecimiento del PIB y ahora en esta opinión agrego, que la contracción ha ocasionado una muy baja inflación, la que a junio del presente de año, se sitúo en un 1.17 %, misma que es reflejo de la disminución en la demanda agregada.
Pese al anuncio del Presidente de la República, en cuanto a que no procurará ser candidato para las elecciones del 2020 y además, la incertidumbre política que hizo prender las alarmas de riesgo, provocó un costo económico a la nación, que ha alcanzado alrededor de 7 mil millones de pesos nominales a mayo del año en curso; pese a ese negativo impacto, ahora parte del liderazgo político nacional, como si se lo hubieran solicitado o en agradecimiento –junto a algunos enclaves oficiales-, pretenden promover una reforma constitucional que abarca otros puntos que no se relacionan con la reelección inmediata, como si se tratara de un tema de necesidad nacional.
De insistir con una reforma constitucional en la presente coyuntura política pre-electoral, de seguro que la válvula de escape que se le abrió a la incertidumbre para dar paso a un clima no convulsionado, retornaría, incidiendo en forma creciente y negativa sobre el costo económico en lo que resta del año.
Me pregunto entonces: ¿acaso no sería más importante y relevante retomar el debate del pacto fiscal -dado el entendido de que quien dirige la administración pública-, el Presidente de la República, ha manifestado que el próximo gobierno no tiene nada que hacer en el país si no se enfrenta el problema fiscal ahora; en vez de ocasionar incertidumbre con nuevos aprestos de modificación constitucional ?.
Definitivamente, si hablamos de desafíos y necesidad que tiene el país en materia de preservar lo logrado en crecimiento con estabilidad y darle el renovado impulso que requiere el modelo económico nacional, que ya presenta signos de agotamiento; de seguro que en la carrera de las reformas constitucional y fiscal, la última le sacaría muchos cuerpos de ventajas. No olvidemos que los principios económicos consignados en la Constitución del 2010 le han dado sustento y revitalizado los avances económicos hasta ahora alcanzados.
Agregarle un factor más –el de una reforma constitucional- al desafío de las elecciones nacionales del 2020, podría potenciar la posibilidad de que se materialice en el país la teoría de la elección pública y su derivada, la del ciclo económico/político de origen presupuestario, lo que haría profundizar los males de las finanzas públicas, advertido públicamente por el propio presidente de la nación.
Los actores claves de la élite política, empresarial y profesional del país, deberían asumir los compromisos institucionales sobre los particulares, frente al dilema descrito precedentemente. Matar la gallina de los huevos de oro, la que nos ha dado avances importantes a la democracia y la economía, no debe ser sometido a más estrés; el costo de hacerlo sería mucho mayor del que hasta ahora hemos cosechado.
