Es probable que muchos economistas quieran evaluar a la gestión económica del presidente de cualquier país, como opinador soy uno de ellos, para alinearme a ese propósito, lo primero que hice fue utilizar a Google a fin de saber si alguien había desarrollado alguna forma de medir el desempeño económico de un presidente de un país, dándome cuenta que la literatura subida a la internet es muy débil, escasamente aparece la figura del gobierno, pero no la del primer mandatario. No conforme con la exploración, opté por auxiliarme de la inteligencia artificial, encontrando que remite a los indicadores tradicionales con los que regularmente los economistas examinamos el desempeño de un país.
Como medida cuantitativa para evaluar el desempeño de una gestión presidencial en el ámbito económico, la métrica presidencial puede resultar útil, conociendo particularmente la manera de gestionar a las finanzas públicas, sin comprometer el futuro de otras gestiones presidenciales en términos financieros, que lo obligue a tomar decisiones que terminen fomentando el círculo vicioso de la insostenibilidad de las finanzas.
Aunque no existe una fórmula, mucho menos teorías para calificar y cuantificar una gestión presidencial en el campo del manejo de la economía, en lo referente a si es muy buena, buena, regular o mala, lo cierto es que utilizando el campo de acción directo de un presidente, que es el fiscal, esta área provee indicadores que pueden resultar útiles para construir una aproximación métrica de los resultados económicos presidenciales.
La ventaja de construir relatos acerca de una gestión económica presidencial basada en datos e indicadores, es que evita caer en una mera narrativa que hace desviar o bien posicionar un relato que le quede cómodo y ayude a una administración pública, como ha sido el caso de la gestión del presidente Luis Abinader, en la que el más reciente informe sobre la economía dominicana del Fondo Monetario Internacional de noviembre de 2023, al referirse al tema fiscal, solo se pronunció sobre las proyecciones y expectativas para el mediano plazo, dejando de lado el corto plazo, en este caso lo que le espera a los ciudadanos para el próximo año 2024.
Los indicadores que propongo para examinar la gestión económica del presidente de la República Dominicana están asociados exclusivamente al manejo presupuestario, por ser el instrumento de administración pública con que cuenta un presidente para incidir de manera directa sobre el curso de la economía. La parte monetaria queda excluida, considerando la autonomía del Banco Central, que supone un manejo con el mínimo de la injerencia del gobierno central, salvo la parte relativa a la coordinación con el ámbito fiscal, sin que implique sacrificio o renuncia al objeto de la referida entidad, en cuanto a procurar estabilidad de precios, especialmente cuando se dispone del esquema de metas de inflación para conducir el área monetaria.
Al referirme al uso de los indicadores económicos de origen financiero, nos remitimos al de la consolidación fiscal, el espacio fiscal y el saldo de la deuda del sector público no financiero, los que serían clave para el propósito de avanzar en la construcción de la métrica económica presidencial que facilite calificar al primer mandatario de la nación frente a los ciudadanos que carecen de datos o indicadores para sustentar una valoración, a fin de aprobar o desaprobar.
La consolidación fiscal a la que hacemos referencia, implica la reducción del déficit fiscal anual por la vía de hacer el balance equilibrado o menos desbalanceado, mediante la reducción del gasto público o aumento de los ingresos fiscales, con el propósito de entender de que si se debilita la referida consolidación, puede frenar el crecimiento económico de carácter sostenible y reducir las virtudes de la expansión del PIB, promoviendo endeudamiento y haciendo exponer a riesgos cambiarios y de tasas de interés al manejo de los pasivos del gobierno y presionando niveles altos de inflación.
Preservar la consolidación fiscal puede implicar costos, inclusive de los del tipo político que los gobiernos no acostumbran a ceder, por no darle rentabilidad política en el corto plazo; sin embargo, cuando la economía se encuentra creciendo sobre su potencial o a su alrededor, el momento es el propicio para promover la consolidación fiscal con casi nulas consecuencias políticas, porque también encuentra un mejor escenario para el pie de amigo de la política monetaria.
Por el lado del espacio fiscal, esta opinión lo concibe como el margen de maniobra que existe o se habilita dentro del presupuesto público, a fin de proporcionar recursos para la ejecución de programas y proyectos necesarios para la población, sin comprometer la sostenibilidad financiera ni la estabilidad de la economía.
Referente al saldo de la deuda del sector público no financiero que genera ingreso fiscal en el presente, pero compromete el gasto público a futuro como pago de una parte del servicio de la deuda que genera carga fija, suele acontecer cuando una parte de los préstamos se destinan a gastos corrientes y no el de capital, que genera sostenibilidad de la deuda o auto pago.
La manera responsable de un presidente del país manejar las finanzas públicas en condiciones de normalidad, es cuando se procura que la consolidación fiscal no se deteriore, el espacio fiscal no se estreche y el saldo de la deuda sólo aumente cuando el destino de la misma por su capacidad productiva garantice honrar el compromiso financiero. Escrito lo precedente, estamos en condiciones de examinar los tres indicadores propuestos y determinar el nivel de éxito o de fracaso que ha tenido el presidente Luis Abinader manejando a las finanzas públicas.
Durante los años del 2021 al 2023, el déficit fiscal que registró la economía pública, es evidencia de un déficit mayor al registrado previo a la pandemia por la COVID-19 y un deterioro de la consolidación fiscal. En efecto, para los años 2018 y 2019 fue de un -1.9 % y 1.8 %, respectivamente, luego a partir del 2021 hasta el 2023, incluso el proyectado para el 2024, se sitúa entre un -2.7 % a un -.3.5 %, mostrando un deterioro del referido indicador y teniendo el efecto adverso de afectar la sostenibilidad fiscal.
En la parte del espacio fiscal, apreciamos que en el año 2021 el balance presupuestario fue negativo con un monto de RD$ 142,957 millones, en el 2022 también negativo de RD$ 216,096 millones y en el 2023 se proyecta será de igual forma negativo de RD$ 226,736 millones, indicativo de tener el país que endeudase cada vez en montos mayores para equilibrar el presupuesto, indicando un menor margen para que el gobierno pueda acudir a atender sus obligaciones funcionales, tanto las de orden legal como las que provienen de las demandas sociales.
Referente al comportamiento del saldo de la deuda pública externa, este se ha elevado en US$ 15,837 millones durante el periodo de agosto de 2020 a septiembre de 2023, lo que implica que el servicio de la deuda se eleva en el corto plazo, obligando a que en el 2024 y 2025 sea de US$ 3,814 y US$ 5,219 millones, montos mucho mayores que en los años precedentes. Lo propio acontece con el saldo y el servicio de la deuda pública interna.
Como ha quedado evidenciado, la métrica de los tres indicadores evaluados muestra un deterioro progresivo de las finanzas públicas dominicanas, ofreciendo fundamento para poder afirmar que la métrica económica presidencial de Luis Abinader lo coloca como candidato con una nota negativa, que puede conducir a una desaprobación por parte de los electores que acudirán a votar el próximo año 2024.
