Atendiendo al mandato establecido en la Constitución dominicana, que dispone en el artículo 251 al Consejo económico Social, como órgano consultivo del Poder Ejecutivo, en procura de la concertación social, el presidente Luis Abinader, anunció a principio de octubre del 2020 la convocatoria al Consejo para el 26 del referido mes, con el propósito de que iniciara la discusión de lo que sería el pacto fiscal. Sin embargo, han transcurrido 7 meses y a la fecha no hay señales de la iniciativa presidencial.
El pacto fiscal, solo por su nombre compuesto implica consenso, previo al sometimiento de un proyecto de ley que tiene característica transversal. En la experiencia colombiana, el presidente Iván Duque no eligió el camino del consenso, se fue por la reforma fiscal, como vía tradicional de carácter no inclusivo en su formulación; lo que sirvió de chispa para encender el estallido social que se ha producido, luego del cúmulo de situaciones por la que atraviesa Colombia, tras firmarse el acuerdo de paz con la guerrilla.
El hecho de que se promueva un pacto fiscal y no simplemente una reforma en dominicana, es una señal positiva, ante la necesidad de mejorar la situación de las finanzas públicas, agravadas por la pandemia que afecta al país, reduciendo el endeudamiento y garantizando la sostenibilidad de la deuda.
Pese al convencimiento de producir cambios para aumentar la generación de ingresos corrientes, mejorar la calidad del gasto público, ambos con vocación progresiva y definir en forma más precisa una regla fiscal que limite el endeudamiento público, el problema que agrava impulsar un pacto fiscal es si resulta contraproducente, en una coyuntura en la que apenas se inicia la recuperación económica, del empleo y los niveles de pobreza que han aumentado.
El riesgo que implica el tema impositivo en la posibilidad de frenar la recuperación económica no es como para subestimarlo, específicamente por el papel que juega el multiplicador del impuesto en las decisiones de invertir y de consumir –que prevé baja en la demanda y la producción cuando suben los impuestos y lo contrario-, más aún en un entorno en donde la incertidumbre es una materia pendiente por desmontar.
En contraposición, el escenario de esperar que la recuperación económica muestre más firmeza y sostenibilidad para darle curso al pacto fiscal, de tal forma, que pueda agregarles el valor esperado a las finanzas públicas, con todas sus implicaciones positivas en materia de la estabilidad fiscal y por esa vía la monetaria, al tiempo que sea útil para el impulso de la motorización de la economía.
De todas formas, sea en tiempo de normalidad o en etapas de situaciones adversas, en algún momento habrá de ser materia obligada la realización del pacto fiscal. Aspiramos que cuando las autoridades lo definan, los actores convocados sean guiados por los principios de asistir a los pobres -con una política de gasto público progresivo-, de no tocar a la clase media -cargándola de impuestos- y que se enfatice en procurar recursos entre los de ingresos y patrimonios altos, en la evasión; así como en los denominados impuestos saludables.
De lo que tratamos es que como los efectos de la pandemia han sido desiguales, impactando más a los pobres, la salida a la crisis económica que ha traído consigo el Covid-19, no sea también desigual, afectando a los más vulnerables y a la clase media.
Desde el 2015 la Organización Mundial de la Salud (OMS) comenzó a plantear la aplicación de impuestos selectivos a los productos que tienen un impacto negativo en la salud pública, como el de las bebidas con azúcar añadida, grasas saturadas, grasas trans y con alto contenido en sodio. Ya antes y con éxito se han aplicado impuestos a las bebidas alcohólicas y al tabaco. Los impuestos saludables gravan los productos no saludables, que constituyen un factor de riesgo importante para muchas enfermedades.
Cada vez son más los países que se suman hacia la implementación de los impuestos saludables, al menos a los productos con azúcar añadida. En Europa se encuentran España, Reino Unido, Irlanda, Francia, Hungría, Noruega, Finlandia. En América, están los Estados Unidos, México, Chile, Perú, Ecuador y Barbados. Los impuestos saludables además de ser convenientes y necesarios, se están convirtiendo en una tendencia.
La gran ventaja de los impuestos saludables es que además de promover la salud en la población, sería una medida progresiva, al posibilitar disminuir el consumo de productos no saludables, al tiempo de que la población tendería a incurrir en menos gastos en salud, al bajar el consumo de productos que generan enfermedades, permitiendo redirigirlo al consumo saludable y colateralmente generando ingresos al fisco, que pueden ser canalizados al presupuesto del sector salud.
El balance del costo/beneficio de los impuestos saludables se inclina a favorecer más a bajar la obesidad, la diabetes, caries dentales, y enfermedades cardiovasculares. De manera que, aplicar impuestos saludables fomenta vidas más saludables, una población más sana y productiva, una mayor recaudación tributaria, al tiempo de reducir costos en salud a la familia. Los impuestos saludables favorecen al consumo saludable, aumentan los ingresos tributarios y el sector salud podría disponer de más recursos financieros.
En la República Dominicana, la población con sobrepeso alcanza el 60.0 %, conforme a la OMS, con diabetes un 13.5 %, pre diabéticos el 9.3 %, de acuerdo con el Instituto Nacional de Diabetes, Endocrinología y Nutrición (INDES) y con enfermedades cardiovasculares un 31.0 %, según el Ministerio de Salud Pública.
Para el presupuesto de 2021, el sector salud tiene una dotación de recursos de un 2.0 % del PIB y de un 11.0 % del gasto público total; de ejecutarse el monto previsto, estaría sobre la media que se colocó en torno al 1.7 % en los últimos 4 años. La pandemia por Covid-19 dejó totalmente al descubierto la necesidad de elevar la asignación presupuestaria a la salud pública.
El peso de los productos procesados con azúcar añadida, grasas saturadas, grasas trans y sodio, podría representar alrededor de un factor ponderal de no menos de un 10.0 % de los productos que componen la canasta básica de alimentos en dominicana.
Colocarles impuestos saludables a productos con azúcar añadida, de alto contenido en grasas, sodio y con grasas trans, sería una fuente de generación de ingresos corrientes para el fisco. En el caso del impuesto a las bebidas con azúcar, el Banco Mundial en el 2019 preparó un estudio para la República Dominicana, con el respaldo de la Organización Panamericana de la Salud y del Gobierno de Japón, que revela que, con un impuesto que haga elevar el precio promedio de las referidas bebidas, reportaría ingresos tributarios por RD$ 7,350 millones al año.
El referido monto será aún mayor de agregarle impuestos saludables a los productos los productos no saludables. De manera que, contar en el pacto fiscal con fuentes de impuestos saludables, tendría el apoyo de la sociedad, promocionaría una mejor cultura en la calidad nutricional, se reducirían las enfermedades relacionadas con el consumo de esos tipos de productos, disminuirían costos en salud de la familia dominicana y le reportaría ingresos al gobierno para destinarlo al presupuesto de salud.
