Probablemente, uno de los mejores recursos que podemos utilizar los economistas para examinar la presente coyuntura dominicana, es acudiendo a la economía política, especialmente en la acepción de su evolución, que nos permite abordar el desempeño económico con presencia multidisciplinaria, en razón de los distintos factores incidentales que actúan separados, como el social, el político, o ambos en forma simultánea.
Como el país vive un estallido de crisis política en desarrollo, el enfoque de esta opinión está movido en la dirección de causa y efecto en curso, sin la connotación, que el análisis sea a posteriori o a priori. Las razones más inmediatas de la crisis política, se ubican en la decisión de la Junta Central Electoral (JCE) de suspender las elecciones municipales del pasado 16 de febrero y las que la precedieron, originadas en las cuestionadas elecciones primarias de octubre de 2019, con el uso del voto automatizado y con anterioridad, al intento de modificar la Constitución, durante el primer semestre del año pasado.
La crisis política en curso, al ser un cambio, por aquello de los factores que la antecedieron, era predecible, aunque tal vez no en la forma ni en los detalles. De hecho, algunos actores políticos, como es el caso del expresidente de la República, Leonel Fernandez, quien llegó a formular peticiones al órgano electoral dominicano, a fin de evitar la repetición de la contaminación al sistema informático de la JCE y por esa vía, la adulteración a la voluntad ciudadana, expresada con su preferencia en el voto.
Aunque la crisis política era predecible, la coyuntura no favorecía que se le prestara atención a lo solicitado por el expresidente, dado que la JCE, actores políticos y hacedores de opinión, ante las evaluaciones –no auditorias- que hizo una firma internacional, atada a quien le pagaba, dio visos de seguridad de que la plataforma tecnológica y el proceso de votación automatizado eran seguro, que no ocurrirían sorpresas y que se tendrían resultados en horas, luego de finalizado el sufragio.
Las protestas sociales con acento político aparecieron en forma espontánea, casi de inmediato y como respuesta a la suspensión de las votaciones por parte de la JCE y continúan en todo el país, cada vez más creativa y masiva. Las protestas han desmitificado los argumentos de quienes habían afirmado que en dominicana había un colchón que evitaba los estallidos sociales, como los que se han producido en muchas naciones latinoamericanas.
La predicción de que en el país no se producen estallidos, como los que han ocurrido en américa latina, porque existe paz social, los dominicanos olvidan las cosas, existen colchones que impiden las protestas, los grupos de poder están compactos, se reciben muchas remesas, la economía crece, hay válvulas de escapes, como el clientelismo y hasta decir que la estrategia de geopolítica de los Estados Unidos, impide que las convulsiones sociales se produzcan en dominicana, no fueron certeros. Los analistas ignoraron causales a la vista que no le permitieron apreciar consecuencias; incluso, fatales, como las del tipo del flamenco rosado de Hoffman. Verbigracia, las protestas sociales en la plaza de la bandera, en las principales provincias del país y los cacerolazos hasta en los centros comerciales.
A las protestas en curso, solo le bastó un detonante, una chispa, negarle el derecho al sufragio a toda la población votante el pasado 16 de febrero, la que en forma cívica fue a ejercerlo o se disponía a hacerlo, pero que fue interrumpido por la suspensión dispuesta por la JCE. El hecho ha sido interpretado, primero, como un intento de fraude por parte del partido oficial, segundo, porque los ciudadanos entendieron que se le frustró la posibilidad de emitir un voto castigo y tercero, porque la investigación dispuesta no era válida –el investigador no era independiente- y produciría un sesgo, por aquello de juez y parte.
La memoria reciente recuerda, que en el año 2019 se produjeron ocho grandes convulsiones sociales en la región latinoamericana, originadas por distintas causales, pero encendidas por una chispa. En Nicaragua, por el intento de reforma al sistema de pensiones que implicaba aumentos en las cotizaciones, en Haití, contra la corrupción, en Argentina y Colombia, contra la política de ajustes, en Ecuador, contra la eliminación a los subsidios a los carburantes, en Bolivia, contra el fraude electoral, y en Puerto Rico, por los chat del gobernador de la isla.
Las protestas en desarrollo no cabe la menor duda que tendrán consecuencias en lo político y en lo económico. En lo primero, el descrédito a la marca del partido gobernante, que previsiblemente se traduciría en las urnas –aunque ya se aprecia en las calles-, con la avalancha de rechazo hacia el gobierno y al partido que lo sostiene y la caída de su simpatía y credibilidad, y en lo segundo, se puede valorar el incremento e inestabilidad en variables económicas de coyuntura, como la tasa de interés bancaria, la depreciación monetaria y la tasa de inflación en el mercado nacional.
El aumento en la cotización del precio del dinero se observa en la tasa de interés activa bancaria, que ha aumentado de un 13.60 % a un 15.59 %, al 24 de febrero del año en curso, pese a que el Banco Central ha mantenido la tasa de política monetaria en un 4.50 %, desde agosto del 2019 hasta la fecha, por el lado de la cotización cambiaria de la moneda nacional respecto al dólar estadounidense, la depreciación para lo que va de año alcanza un 1.8 %, cuando para igual fecha en el 2019 fue de un 0.29 % y en lo relativo a la tasa de inflación de enero del año fue de un 0.33 % y en igual mes del 2019, fue negativa en el orden de un 0.17 %.
Aunque no se disponen de cifras del primer mes y de lo que va del segundo, es predecible que el Indicador mensual de la Actividad Económica (IMAE), muestre enlentecimiento en 2020 y lo propio le estaría aconteciendo a la demanda interna en la República Dominicana. No sería descabellado anticipar que la economía dominicana durante todo el periodo electoral se contraiga, especialmente, porque el desenlace para elegir al nuevo presidente de la República, podría acontecer en la segunda vuelta, pautada para el 30 de junio.
No por menos, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), se ha apresurado en agenciar un acuerdo nacional entre los actores políticos, pues como agentes económicos ven que la economía de sus empresas no muestran el dinamismo esperado, y en forma anticipada, quieren ponerle freno al desarrollo de las protestas sociales, con causales políticas asociadas en todo lo concerniente al tema electoral y los derechos ciudadanos, a fin de detener el deterioro de la economía en curso.
