La crítica al ejercicio público siempre es buena, si la consideras como parte del control social, ayuda a corregir, mejorar, avanzar. En los exámenes que se realizan en torno a la formulación del presupuesto anual de la nación, en la mayoría de los casos la ponderación se centra en la magnitud y en la distribución del gasto asignado y apropiado.
Sin embargo, ambas críticas se quedan en los límites de lo que se denomina en el lenguaje presupuestario como incrementalismo, mismo que solo está relacionado con el tema del aumento de las partidas presupuestarias imputadas a cada una de las dependencias del gobierno central.
Esa manera de concebir el presupuesto hace que la estructura de los gastos se perpetúe de tal manera que lo hacen rígidos, al tiempo que le resta calidad y potencialidad al gasto; tal y como puede apreciarse en la tendencia que ha tenido la composición económica del gasto, la cual ha estado penalizando el gasto de capital y privilegiando el corriente, el que a su vez atenta contra la participación de la inversión pública dentro de la formación bruta de capital en las cuentas nacionales y disminuye la capacidad productiva, como parte de la sostenibilidad del crecimiento económico.
Entonces, la discusión se torna en si los ingresos corrientes cubrirán las demandas de cada uno de los organismos públicos, argumentando en la generalidad de los casos, incremento de precios; ese debate no debe subestimarse, más no constituye la diana de los problemas presupuestarios, el tema es mucho más complejo, no obstante el país avanza en materia de finanzas públicas.
Antes de 2007 la comunidad internacional valoraba con nota negativa la debilidad institucional que tenía la República Dominicana en materia fiscal, ante esa situación la respuesta fue dotar al país de una Ley que integró la administración financiera del Estado, la 5-07. La referida ley proporcionó profundos cambios en los marcos legales de los sistemas de Presupuesto, Crédito Publico, Tesorería, Contabilidad Gubernamental y Contraloría General; en complemento, se promovieron ajustes funcionales importantes en las Secretarias de Finanzas y Técnico de la Presidencia, hoy Hacienda por un lado y Economía y Planificación por el otro.
Esos cambios institucionales fundamentales han motivado, posibilitado y creado las condiciones para que la Nación pueda estar trabajando hoy en la formulación del presupuesto nacional por resultados, para lo cual se están llevando a cabo las debidas diligencias para que sea una realidad en el corto plazo.
Naturalmente formular, ejecutar y evaluar un presupuesto por resultados, implica un cambio cultural sustantivo en materia de capacitación en todas las dependencias gubernamentales, a los fines de alcanzar los objetivos que se plantean en la nueva generación presupuestaria a la que se está aspirando y que ya otros países en América Latina tienen.
El presupuesto por resultados es una dimensión superior del presupuesto tradicional que conocemos, dado que la administración pública local giraría en torno al nuevo tipo de presupuesto, mismo que procura alcanzar beneficios medibles en los bienes, servicios y productos que deben derivarse de una formulación/ejecución presupuestaria participativa que aumente el valor que las instituciones públicas aportan a la ciudadanía.
En términos de combate a la pobreza, en el componente de la responsabilidad pública del Estado, el presupuesto por resultados se alinea en forma coherente, debido a los cambios que se estiman se producirían cuando la intervención del gasto público se dirija en forma deliberada a la consecución de cambios en las condiciones y características de los grupos poblacionales.
En términos de dotación del marco legal, probablemente lo único que estaría faltándole al país para continuar avanzando en la consolidación de todo lo relativo a las finanzas públicas, es disponer de una Ley de Responsabilidad Fiscal, para lo cual están creadas las condiciones a fin que el país esté dotado de una herramienta legal estratégica como esa.
