El PIB dominicano durante los últimos dieciséis años mantuvo un crecimiento en forma sostenida, pasando del 2004 al 2012 de US$ 23,186 millones a US$ 60,739 millones y en los últimos cuatro años, elevó su valor en US$ 13,147 millones, al pasar de US$ 75,759 millones en el 2016 a US$ 88,906 millones para el 2019. Con la expansión del PIB, el tamaño promedio anual que se le adicionó a la economía es de US$4,107 millones para todo el periodo y durante los últimos cuatro años de US$ 3,287 millones.
En contraposición al crecimiento de la economía, la caída estimada para el 2020 del PIB nominal en dólares, es del orden de -11.5 %, baja que equivale a US$ 10,217 millones, respecto al tamaño de la economía del 2019 y si lo comparamos con lo que hubiera sido el aumento esperado sin la epidemia causada por Covid-19, que habría ascendido a US$ 91,986 millones, el monto del costo sería mayor, al colocarse en US 13,147 millones.
Al país le tomó unos 2.5 años aumentar el tamaño de su economía en US$ 10,217 millones y lo hizo durante el periodo 2017-2019; en cambio, en tan solo el 2020 la economía estaría perdiendo una monto similar, por lo que sería razonable afirmar, que también serían 2.5 años el tiempo que necesitaríamos para recuperar el PIB perdido. Si el estimado de tiempo y costo se realiza sobre las previsiones de crecimiento del PIB del 2020, la duración se tomaría 3.5 años.
Con un entorno internacional relativamente estable durante los últimos seis años, la composición del gasto público ha rondado un 83.0 % de gasto corriente y un 17.0 % de gasto de capital, de igual manera, la rigidez presupuestaria se movió entre 86.0 % y 90.0 %, así como un 5.3 % de necesidades brutas de financiamiento. Bajo la referida estructura, el sector público ha gastado en promedio anual el 13.7 % del PIB, mientras que, la economía real creció también en promedio durante el mismo lapso un promedio de un 6.3 % al año.
El déficit fiscal previsto para el 2020 sin Covid fue de un 2.2 % del PIB, con las dos modificaciones presupuestarias realizadas en ocasión de la epidemia, la previsión del déficit para finales del presente año se eleva a un 9.3 % del PIB.
Antes y después del Covid-19, el endeudamiento del sector público no financiero mantuvo una tendencia alcista, que se ha profundizado con la aparición y expansión de la epidemia por coronavirus. La presión de la deuda pública ha pasado de 35.3 % en el 2016 a un 40.4 % del PIB a diciembre del 2019 y a un 52.9 % a septiembre del 2020, también del PIB.
Al presentar las finanzas públicas un panorama como el descrito, su manejo no permite encontrar espacio fiscal y capacidad fiscal a favor de una mayor intervención en la economía para su recuperación, a no ser que continúe la política de endeudamiento o se realicen cambios significativos en la formulación presupuestaria, como es la del presupuesto en base cero.
El presupuesto en base cero, posiciona a cada capítulo del presupuesto sin previa apropiación presupuestaria, dejando atrás el carácter histórico de su formulación y lo obliga a justificar detalladamente los recursos financieros que solicita, implicando una respuesta al por qué y para qué necesita los recursos y por esa vía, permite fijar metas, que en el caso de la coyuntura por la que atraviesa el país, estarían guiadas en agregar valor al objetivo general de recuperar la economía en el corto plazo.
Partiendo de lo antes dicho, se potencializa la posibilidad de un uso más eficiente de los recursos limitados, reduciendo gastos no prioritarios, liberando partidas, al tiempo de crear espacio fiscal, permitiendo colocar fondos en la dirección de las metas y objetivos, sobre una base fiable y jerarquizada, que haga posible la recuperación económica en el menor tiempo.
Más arriba afirme, que poder recuperar la economía y situarla al nivel del 2019 se requerirían 2.5 años y para colocarla a la previsión del 2020 sin Covid se necesitarían 3.5 años, lograrlo se precisarían dos condiciones básicas: controlar la epidemia y disponer de recursos financieros. Las nuevas disponibilidades financieras tendrían dos fuentes, la de los ingresos corrientes y la del financiamiento.
Respecto a la primera opción de aumentar los ingresos tributarios, dependerá básicamente de la recuperación económica, pero dado lo difícil que resulta que en la presente coyuntura pueda elevarse vía una mejoría en la administración tributaria y para que la economía se recupere, dependerá de las inyecciones que pueda realizar el gobierno, ya sea por el lado del gasto fiscal y/o la expansión monetaria o del financiamiento presupuestario.
Por el momento luce descartable motorizar la economía contando con mayores ingresos tributarios; por lo que las alternativas más inmediatas se encuentran por el lado del aumento en la expansión monetaria que favorezca al gobierno central, a los agentes económicos y a los ciudadanos en forma directa y/o a nuevos niveles de endeudamiento.
Para que la economía inicie el camino de lograr situarse en los niveles del 2019, necesitaría en forma adicional no menos de US$ 4,087 millones (equivalente a RD$ 242 mil millones) y para el tamaño de la economía estimada del 2020 unos US$ 5,259 millones, valores que no pueden localizarse en ingresos corrientes provenientes del crecimiento en la economía para el presupuesto del 2021, dada la ausencia de espacio y capacidad fiscal.
Esta opinión favorece una acción combinada de la cooperación fiscal/monetaria, en la dirección de posponer las transferencias del gobierno central al Banco Central durante al menos el 2021, por un monto equivalente a RD$ 35,000 millones; en la misma línea, utilizar RD$ 100 mil millones de recursos provenientes de los fondos de pensiones, para proyectos de la alianza público-privada, mediante la inversión real, que crea empleos, aumenta la demanda y abandona su colocación desmonetizada en los certificados del Banco Central.
En forma complementaria, para fondear los US$ 4,087 millones requeridos para recuperar un año, de los 2.5 años perdidos de la economía, se requeriría un financiamiento externo por US$ 1,780 millones, procurado preferentemente bajo la modalidad de deuda mutualizada, que implica el concurso de los organismos multilaterales internacionales de financiamiento.
Por el lado de incorporar estabilizadores automáticos al presupuesto del 2021, convendría, basado en el Art. 197 de la ley de educación 66-97, que ante un eventual escenario que la economía no se recupere como lo proyectado, la dotación de presupuesto al sector educación se realice de conformidad al 16.0 % del gasto público total y no del 4.0 % del PIB, para que de esa manera el presupuesto sea manejado con la flexibilidad que ameritan determinadas circunstancias.
Con las fuentes básicas aquí identificadas para el fondeo de los RD$ 242 mil millones adicionales que se requerirían para el presupuesto del 2021 y al horizonte hasta el 2023, contenido en el marco macroeconómico de mediano plazo, se estaría alineando el presupuesto nacional a una formulación con visión de iniciar en forma sostenida la recuperación de la economía.
