Recientemente, el Ministro de Hacienda para abordar el tema del pacto fiscal en la República Dominicana manifestó que: “Eso deberá ocurrir, entendemos nosotros, a medida que se acerque el año 2020, de manera que el próximo gobierno pueda ser parte de ese proceso de reforma que es el pacto fiscal…”. La declaración fue ofrecida a los medios de comunicación el 21 de noviembre, como una forma de descartar que pueda realizarse una reforma fiscal en el 2019.
Al alinear la referida opinión con la expresada por varios altos funcionarios, antes de la toma de posesión del segundo mandato del Presidente Danilo Medina, específicamente en junio de 2016, cuando se indicó que el país está abocado a la realización de un pacto fiscal que permita a la población tener más y mejores servicios públicos. El anuncio sobre el pacto fiscal se hizo acompañado de una Infografía que lo promovía.
La infografía, daba cuenta que con el pacto fiscal no era necesario subir ni crear impuestos, porque los nuevos ingresos provendrían de la reducción de la evasión fiscal, de la revisión del gasto tributario, al tiempo de reducir los gastos del gobierno y con ello posibilitar que el Estado cumpla con la obligación de poder brindar mejor educación, transporte, seguridad, salud y viviendas.
El tiempo ha dado la respuesta, a más de tres años, el pacto fiscal no se inició ni siquiera para definir la metodología a implementar para su discusión y ahora que finaliza el 2018, tiempo en la que el Ministro de Hacienda dice que deberá ser para el 2020, estarían pasando cuatro años entre ambos anuncios, perjudicando probablemente el tratamiento de la insuficiencia fiscal que tienen las finanzas públicas.
Entonces, dado el tiempo que transcurriría entre el 2016 y el 2020, adquiere importancia preguntarse: ¿Y si el pacto fiscal se hubiera firmado en el 2016, estaría mejor la posición fiscal?.
Esta opinión no ignora la importancia que tiene la coyuntura político/social para emprender una acción estratégica de la naturaleza del pacto fiscal; sin embargo, al no ser ese aspecto el objeto de este examen, la apreciación se limita a comparar los valores de los principales indicadores económicos que se pueden asociar al espacio de concertación que se crea con el referido pacto entre actores claves, por aquello del origen, monto y destino de los recursos con los que debe contar el Estado, para jugar el rol que le corresponde.
Entre los indicadores económicos que son ponderados comparativamente entre el 2016 vs 2019 están: El déficit fiscal, las necesidades brutas de financiamiento, el espacio fiscal, la deuda pública del sector no financiero, el servicio de la deuda pública, el gasto tributario, la evasión fiscal, la presión tributaria y la composición económica y funcional del gasto público.
Cuando se anunció a mediado del 2016 el inicio de la discusión del pacto fiscal, el presupuesto nacional contempló un déficit fiscal del orden del 2.3 % del PIB y para el 2019 se ha estimado en 1.75 % también del PIB, lo que equivale a una baja de 0.55 %, esto sin considerar el aumento en las cuentas por pagar, que muy probablemente aumentarían el déficit; indicativo que si se hubiera discutido y aprobado el referido pacto, el balance fiscal previsible para el 2019 fuera distinto en términos de irlo desmontando en su origen estructural, especialmente porque ahí radica la principal fuente del endeudamiento público.
Respecto a las Necesidades Brutas de Financiamiento (NBF), como expresión del balance fiscal negativo y la amortización de capital, ha evolucionado hacia el alza en términos absolutos, al pasar de RD$ 173,259 millones en 2016 a RD$ 231,880 millones en el presupuesto del 2019, para un aumento equivalente a RD$ 58,621 millones, señal de aumento de la vulnerabilidad fiscal y por consiguiente de riesgo. Aunque desde la perspectiva relativa, las NBF prácticamente han permanecido invariable, 5.3 % y 5.4 % del PIB, se sabe que en términos de fondeo efectivo el PIB no paga.
Con relación al espacio fiscal, la relación entre los ingresos y gastos, tanto del gobierno central, como del consolidado, dieron el resultado que para el 2016 era de una ausencia de espacio fiscal de 15.5 % y 14.0 %, respectivamente y para el proyectado del 2019 de 10.9 % y 9.6 %, también respectivamente; indicando una mejoría al disminuir la ausencia de espacio fiscal; sin embargo, el estimado para el próximo año continua siendo señal de fuente de déficit fiscal y aumento de la deuda pública.
En cuanto a la deuda del sector público no financiero, para el presupuesto nacional del 2016 se registró una estimación de 37.9 % del PIB y para la del 2019 se ha proyectado un nivel de 41.7 % también del PIB, evidenciando una elevación del orden del 3.8 % de los pasivos, los que aumentan la vulnerabilidad, el riesgo y eventualmente podría ser propulsor de crisis de deuda.
El indicador referente al servicio de la deuda pública, compuesta por la amortización del capital y el pago de intereses, ha evolucionado hacia el crecimiento, al pasar de 4.9 % del PIB para el 2016 a 5.4 % también del PIB para el cierre del 2019, ambos como comparativo de los presupuestos formulados para cada año. El gasto público atribuido al servicio de la deuda resta espacio para otras asignaciones presupuestarias, como las del gasto de capital y social.
En lo referente a la evasión fiscal, ha sido medida por la Dirección General de Impuestos Internos en un valor que supera el 60.0 % para el impuesto sobre la renta y de alrededor del 42.0 % para el impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios, estos indicadores representan grandes desafíos a la administración tributaria.
De igual manera, al comparar la brecha entre la presión tributaria y el gasto público como porcentaje del PIB, se aprecia que, mientras para el 2016 era de 3.3 %, el estimado para 2019 es de 2.9 %, sugiriendo una mejoría en la brecha; no obstante, continúa siendo señal de descalce entre los ingresos y los gastos públicos dominicano y por lo tanto fuente de deuda pública.
Mientras los indicadores precedentes se han ido comportado de la manera descrita, en la categoría del gasto público funcional, el correspondiente al gasto público social se ha reducido, al pasar de 47.5 % del total en 2016 a 45.6 % para el 2019; perjudicando por esa vía la acción social del Estado, consignada en la Constitución de la República.
La descripción de cada uno de los indicadores expuestos en la presente opinión muy probablemente hubiera sido distinta en términos de mejoría, de iniciarse y aprobarse el pacto fiscal anunciado en junio de 2016; esperemos que el pacto fiscal, llamado a realizarse para el 2020 no sea pospuesto, como una forma de afrontar los desafíos que se derivan de cada uno de los indicadores expuestos y por ese conducto, disminuir las vulnerabilidades y riesgos de las finanzas públicas dominicanas, de manera que, el crecimiento económico sostenido no se interrumpa.
