Si fuéramos a trasladar la explicación que nos ofrece la física acerca del concepto de presión al tema económico, particularmente el de la presión tributaria, diríamos que es la fuerza que ejercen los ingresos tributarios que pagan los contribuyentes al fisco por medios legales, sobre el valor de la actividad económica de un país en un año (PIB).
En República Dominicana como en cualquier otro país, especialmente los que aún tienen pendiente altos niveles de deuda social y déficit de infraestructura física, el tema de la presión tributaria es de relevada importancia.
No es para menos, la brecha social estructural que poseen muchos de nuestros países a nivel de los rezagos en salud, educación, cultura, recreación, así como en la mitigación del impacto de los desechos sólidos y líquidos para la generación de energía limpia, simultáneamente con la preservación de nuestros ríos, y el déficit en la dotación y mantenimiento de infraestructura vial, son parte de la deuda social y pública que de alguna forma el Estado tiene que suplir.
Cuando se abordan esos temas, dos de las conclusiones más relevantes que normalmente se llegan son la poca calidad del gasto público y la baja presión tributaria. Por razones de delimitación temática, este artículo se circunscribe al último aspecto.
Ante el dilema de las necesidades insatisfechas y la carencia de recursos por parte del Estado, surge para los hacedores de políticas públicas la posibilidad de ponderar la presión tributaria óptima, a través del cual la carga tributaria podría aumentar sin que esta afecte la renta imponible en su punto crítico, donde la actividad productiva se hace cero.
Probablemente el recurso más usado entre los analistas para abordar el tema de la presión tributaria como porcentaje del PIB es el de la comparación que se hace con la de otros países. Esta herramienta sería positiva si la misma no está contaminada por las particularidades de cada país.
Una de esas particularidades es la composición de la economía, esto es el peso que la economía informal y formal tienen dentro del PIB, pues como la base de contribuyentes solo pertenece a la economía formal, y en cambio el PIB lo componen ambos sectores, aún siendo el informal estimado, el indicador de la presión tributaria podría estar distorsionado.
En América Latina, 18 países poseen una composición de sus economías totalmente diferentes en cuanto al peso que tienen los sectores informal y formal. De los 18, la economía informal de Bolivia, conforme al Banco Mundial (2010), ocupa el primer lugar con 66.0%, le sigue Panamá con 64.0% y Perú con 58.0%; y los que menos informalidad tienen son Chile con 19.0%, Argentina con 25.0% y Costa Rica con 26.0%.
Con relación a la presión tributaria, el más reciente informe de la CEPAL (2014) indica que los 3 países con mayor carga impositiva son Argentina con 37.0%, Brasil con 36.0%, y empate Bolivia y Uruguay con 26.0%; y los tres con menor carga son República Dominicana con 13.0%, Venezuela y Honduras con 14.0% y El Salvador con 16.0%.
De manera que no sería correcto hacer la comparación de la presión tributaria entre países con desiguales participación de su sector formal en la economía, que es el que realmente tributa. La comparación tendría mayor y mejor apego técnico si la misma solo se hace entre quienes tienen igual tamaño de sus economías formal e informal. Los casos que responden a ese tipo de condición son los de Guatemala y Uruguay que tienen una economía informal de 51.0% cada una, el de El Salvador y Nicaragua de 45.0%, el de Brasil y Paraguay con 39.0%, y Ecuador y República Dominicana con 32.0%.
Justo cada uno de esos pares de países posee economías informales y formales de igual magnitud; pero presiones tributarias distintas, lo cual da espacio para evaluarla comparativamente, en cuanto a sus niveles de presión óptima, evasión y elusión tributaria.
En el caso dominicano, el sector informal de la economía, asumiendo el dato ofrecido por el Banco Mundial, es de 32.0% y el Banco Central de la República Dominicana lo sitúa en alrededor del 50.0%, partiendo del dato del organismo multilateral, el 68.0% corresponde al sector formal de la economía, por lo que la presión tributaria neta se podría estimar en alrededor del 18.0%, para un crecimiento de 5.0% al 2012; aunque no así los ingresos.
De incorporarse el sector informal a la economía formal, la presión tributaria podría elevarse al 19.0%, y de esa forma el gobierno dispondría de mayores recursos para afrontar la brecha social y de infraestructura que tiene el país.
En virtud de estas consideraciones, las políticas públicas tienen dos grandes retos, primero, seguir profundizando la mejoría de la administración tributaria para reducir la evasión y la elusión tributaria; y por otro lado, promover acciones para inducir a una mayor inclusión del sector informal a la economía formal.
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